Cataluña: ¿nación o nacionalidad?

por

Javier Tajadura*

Hay que reconocer que los mitos son rentables. El gran mito de los derechos históricos ha permitido a Navarra y al País Vasco disfrutar de privilegiados sistemas de financiación. Lo más grave es que las fuerzas de izquierda hayan sucumbido a los encantos de los mitos, traicionando sus valores fundacionales: reemplazando la ideología de la igualdad y de la ciudadanía por la de la nación.

Aunque intelectualmente me cueste mucho asumir que para determinados políticos pueda resultar una cuestión importante, e incluso crucial, definir a su comunidad política como nación, región o nacionalidad, lo cierto es que este asunto ocupa un lugar central en la agenda política actual. En el presente proceso de reforma de los estatutos de autonomía, la mayoría de los partidos políticos catalanes han acordado que el nuevo Estatuto catalán comience proclamando que Cataluña es una nación. El propósito de este artículo es, en primer lugar, poner de manifiesto la inconstitucionalidad manifiesta de esa pretensión y, en segundo lugar, denunciar el verdadero alcance político e ideológico de la misma.

Jurídicamente inconstitucional

La definición de Cataluña como nación es incompatible con el artículo 2 de la Constitución. En dicho precepto, de complicada elaboración y desafortunada redacción, subyace un consenso básico, que es el que hoy en día está amenazado. Dicho consenso se traduce en definir a España como una «nación de nacionalidades y regiones». De ello se derivan varias consecuencias. En primer lugar que existe una sola nación política que es España que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. En segundo lugar, que esa única nación está integrada por nacionalidades o regiones que en el ejercicio del derecho a la autonomía política pueden constituirse en comunidades autónomas. De ello se deduce, con total claridad, que la Constitución permite a las comunidades autónomas optar por una de estas dos denominaciones: nacionalidad (región con mayor conciencia de su singularidad cultural) o región, pero en modo alguno les permite calificarse como naciones, que es lo que pretende Cataluña, por estar constitucionalmente reservada esta definición a España.

A esto se suele alegar que nacionalidad y nación es lo mismo y que el profesor Peces Barba -miembro de la Ponencia Constitucional y a quien debemos alguna de las más brillantes intervenciones sobre el particular- empleaba la fórmula «nación de naciones». Ahora bien, al explicar el significado de la misma dejó muy claro que con ella quería describir la existencia de una sola nación política, integrada por una pluralidad de naciones culturales. Y eso es lo que quedó plasmado en el artículo 2, donde el término nacionalidad, muy discutido e impugnado con sólidos argumentos, fue finalmente incluido con un significado y alcance muy claros: nacionalidad es sinónimo de nación cultural, y en modo alguno equivale a nación política puesto que en ese caso quedaría abierta la puerta al ejercicio del derecho de autodeterminación que fue expresamente rechazado por las Cortes Constituyentes.

La pretensión de determinadas fuerzas políticas de Cataluña de reemplazar el término nacionalidad por nación en su Estatuto de autonomía choca frontalmente contra la literalidad del artículo 2 de la Constitución y, en todo caso, supone romper el consenso constitucional de 1978. Así las cosas, la única manera de considerar constitucionalmente admisible la autocalificación de Cataluña como nación es entendiendo que se trata de una nación cultural y no política. Ahora bien, para ello es preciso que el Estatuto contenga esa adjetivación de cultural puesto que es la única forma de evitar problemas ulteriores. Sin embargo, no es ése el propósito de la reforma del Estatuto catalán y ello por la razón evidente de que sus autores precisamente pretenden trascender la dimensión meramente cultural del término nacionalidad y asumir la condición de nación en su plenitud, esto es, en su sentido político. Dicho con otras palabras, el reconocimiento de que Cataluña es una nación cultural no exige ninguna reforma, ni constitucional ni estatutaria, en la medida en que ya está definida como nacionalidad. Y el reconocimiento de que Cataluña es una nación política no puede incluirse en el Estatuto por ser contrario al artículo 2 de la Constitución.

Políticamente conservadora

Ahora bien, si desde un punto de vista jurídico la propuesta es manifiestamente inconstitucional, desde una perspectiva política resulta profundamente conservadora. Implica la asunción de la ideología de la nación y bebe en las fuentes del nacionalismo romántico con el que la burguesía decimonónica pretendió sacralizar sus intereses. En este sentido, debemos al profesor De Vega una observación fundamental sobre el significado político e ideológico del nacionalismo del siglo XIX y comienzos del XX: «La elevación de la nación a la categoría de mito, y las continuas apelaciones a ellas como justificación ideológica de toda la acción política, para lo único que sirven es para ocultar los problemas reales de una sociedad cada vez más dividida y acosada por sus propios conflictos internos. Desarmada ideológicamente, e incapaz de dar solución a sus múltiples fracturas y contradicciones, la burguesía, aliada con las fuerzas aristocráticas y conservadoras de otra época, intentará crear unidades y armonías ficticias apelando a ese concepto romántico y espiritualista de nación».

Planteemos el problema en toda su crudeza. ¿De qué nación se habla? Para el gran teórico francés de la nación, Renan, «Una nación es un alma, un principio espiritual; dos cosas que, a decir verdad, no son más que una, constituyen este alma. Una está en el pasado, la otra en el presente. Una es la posesión común de un rico legado de recuerdos; la otra es el consentimiento mutuo, el deseo de vivir conjuntamente». Para Mazzini, «La Nación es la tarea que Dios impone a un pueblo en el trabajo humanitario. Y su misión es la misión que debe realizarse en la Tierra para que el pensamiento de Dios pueda llevarse a cabo en el mundo». Así hasta «la Terre et les morts» de los que hablaba Barres o «por la sangre y la tierra» («blut und boden») de Adolfo Hitler. No creo que sea necesario alegar más ejemplos para demostrar que el concepto de nación hace mucho que quedó completamente descompuesto hasta el punto que ha sido y es utilizado por cada autor según sus conveniencias y preferencias personales. La idea de nación es, ante todo y sobre todo, una construcción mítica, y por tanto, irracional. Podemos por tanto afirmar que, Benito Mussolini era mucho más sincero que los nacionalistas de hoy, cuando reconocía: «Nosotros hemos creado nuestro mito (...). Nuestro mito es la nación. Nuestro mito es la grandeza de la nación».

En la España de comienzos del siglo XXI es lamentable constatar que la situación no ha cambiado mucho. El nacionalismo, hoy como ayer, sigue siendo la ideología que, ocultando los problemas reales, impide buscar las efectivas soluciones a los mismos. Nadie ha conseguido demostrar con argumentos que los problemas de acceso a la vivienda, desempleo y precariedad laboral, o mejora de la enseñanza y la sanidad públicas, encuentren en la reforma estatutaria su solución. Ahora bien, preciso es reconocer que los mitos son rentables. El gran mito de los derechos históricos ha permitido a Navarra y al País Vasco disfrutar de privilegiados sistemas de financiación. En el mito nacional depositan algunos sus esperanzas de lograr un estatus privilegiado respecto al resto de las comunidades. En este contexto, lo verdaderamente preocupante y grave es que las fuerzas políticas de izquierda hayan sucumbido a los encantos de los mitos y traicionado así sus principios y valores fundacionales, esto es, que hayan reemplazado la ideología de la igualdad y de la ciudadanía por la ideología de la nación. Situación esta que explica que las más cualificadas voces del pensamiento verdaderamente progresista hayan reclamado recientemente en Cataluña la creación de un partido político auténticamente de izquierdas, esto es, no nacionalista.

*Javier Tajadura Tejada es profesor titular de Derecho Constitucional en la UPV.

Javier Tajadura, EL DIARIO VASCO, 11/7/2005

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